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El debate sobre la inmigración en la UE
(I): la fortaleza asaltada quiere abrir una puerta bajo control
La inmigración ha sido el tema estrella de
la última asamblea de jefes de gobierno de la Unión
Europea (Sevilla, 21-22 de junio). Es además el objeto de
debates y reformas legales en varios Estados miembros (ver servicio
89/02) y uno de los principales motivos de interés y preocupación
de los ciudadanos. Ahora que se discute cómo controlar el
flujo de inmigrantes a la UE, si llegan demasiados o si hay que
abrir más las fronteras, es importante conocer los datos
básicos del problema. Los ofrecemos en forma de preguntas
y respuestas, a partir de las estimaciones disponibles.
26/6/2002.- ¿Hay una oleada de inmigrantes
en la UE? La riqueza de los países de la UE, en comparación
con las regiones del entorno, los hace destinos atractivos, como
muestra el flujo de los que tratan de entrar sin papeles. El desembarco
de ilegales norteafricanos en las costas españolas, o de
albaneses en las italianas; los que emprenden un arriesgado viaje
a Gran Bretaña por el túnel del Canal de La Mancha...
pueden alimentar en el público la idea de invasión.
En realidad, la UE alberga relativamente pocos inmigrantes. Dentro
de sus fronteras viven unos 19 millones de extranjeros. Pero, de
ellos, 6 millones son ciudadanos de la UE residentes en otros países
miembros. Los inmigrantes extracomunitarios son 13 millones, el
3,5% de la población (gráfico 1). Es una proporción
mucho menor que la de Estados Unidos, que tiene el 6,6%.
¿De dónde proceden los inmigrantes?
El gráfico 1 muestra la distribución por regiones
de origen. Son importantes los contingentes de africanos y asiáticos;
pero el mayor de todos es el de europeos. El 45% (5,9 millones)
de los extracomunitarios proceden de otros países del continente,
Turquía incluida. De ellos, más de la mitad (3,5 millones)
son de Estados candidatos a entrar en la UE (Turquía, Polonia,
Hungría, las repúblicas bálticas...).
Hay que precisar, sin embargo, que la mayor parte
de los inmigrantes europeos son turcos, en su mayoría residentes
en Alemania desde hace años. Constituyen un elevado número
de extranjeros porque, hasta hace poco, en Alemania los hijos de
inmigrantes no podían obtener la nacionalidad (ver servicio
75/99).
El siguiente grupo de europeos es el de los emigrados
de la antigua Yugoslavia, que se concentran en Alemania (dos tercios)
y en Austria. Figuran a continuación 450.000 polacos y 160.000
rumanos. De los demás, hay medio millón llegados de
países no candidatos a la UE, sobre todo rusos en Alemania
y albaneses en Grecia. ¿Aumenta la inmigración en
la UE? En los últimos quince años, la proporción
de extracomunitarios ha crecido un 50% (en 1985 eran el 2,3% de
los habitantes de la UE). Pero esto se ha debido sobre todo a los
venidos de los Balcanes y de Europa del este, que en sus dos tercios
han ido a Alemania. Ahora la inmigración está en alza,
tras un quinquenio de descenso (gráfico 2). En la primera
mitad de los años 90, los conflictos en Yugoslavia provocaron
un pico del flujo inmigratorio que no se ha vuelto a alcanzar. De
1989 a 1993 la UE recibió 1-1,5 millones de inmigrantes netos
por año. Después, los países impusieron restricciones
que bajaron el flujo hasta 500.000 en 1997. Con el posterior repunte,
en 2001 la UE tuvo un saldo migratorio de 1,05 millones, equivalente
al 0,28% de la población: tasa inferior a la de Estados Unidos,
que registró un flujo neto medio del 0,33% anual en los años
90. ¿Hay muchas peticiones de asilo? En parte, la demanda
de asilo es una forma de sortear las restricciones a la inmigración:
al estar casi cerrada la espita de la inmigración por motivos
laborales, se han disparado las peticiones de los que pretenden
entrar como refugiados políticos. Pero también influye
la aparición de emergencias en otros países. En la
UE, las peticiones de asilo han seguido un curso paralelo al de
la inmigración: alcanzaron el máximo en 1992 (672.000),
cuando había guerra en los Balcanes; bajaron después,
y volvieron a subir, pero menos, a partir de 1997. Han pasado de
228.000 en 1996 a 384.000 en 2001.
¿Qué países reciben más
peticiones? Alemania ha ocupado el primer lugar todos los años
excepto 2000, cuando fue superada por Gran Bretaña, segunda
casi siempre. Son más significativos los casos de algunos
países pequeños que reciben, en proporción,
muchas más peticiones: Austria, Suecia, Dinamarca, Holanda
(gráfico 3). Irlanda, segunda en 2001, es una recién
llegada a los puestos de cabeza: recibía menos de mil solicitudes
anuales hasta 1996, y en cinco años el número se ha
multiplicado por diez.
¿La UE necesita inmigrantes? A la inmigración
se debe el 70% del crecimiento demográfico de la UE (ver
servicio 8/01). Si no fuera por ella, varios Estados miembros (Alemania,
Grecia, Italia y Suecia) perderían población, y pronto
se sumarían otros que tienen crecimientos vegetativos (nacimientos
menos muertes) inferiores al 1 por mil (Austria, España,
Gran Bretaña, Portugal). La UE tiene una fecundidad media
muy baja: 1,4 hijos por mujer. En comparación, la de Estados
Unidos es 2,1, justo el mínimo para asegurar el relevo de
generaciones. La UE necesita inmigrantes porque, con tan baja natalidad,
la población envejece, de modo que se reduce la proporción
de activos. Los inmigrantes traen sangre nueva, y su aportación
a la fuerza laboral es perceptible en empleos de baja cualificación
(construcción, obreros agrícolas...). Pero la UE necesita
en especial trabajadores más cualificados (ingenieros, informáticos...),
y para ellos no está logrando ser tan atractiva como Estados
Unidos o Canadá, aunque algunos países miembros -Alemania
y Gran Bretaña- tienen planes para seducirlos (ver servicios
76/00, 117/00 y 114/01).
Consejo de Sevilla: la política común
de inmigración y asilo queda pendiente El Tratado de Amsterdam
(1997) señaló el objetivo de tener una política
de inmigración y asilo común para toda la UE. El plazo
previsto vence en 2004, y hasta ahora ha habido pocos progresos.
El Consejo Europeo de Sevilla, que terminó el 22 de junio,
ha tratado de hacer avanzar las negociaciones, pero no ha llegado
lejos. El programa del Consejo Europeo de Sevilla incluía
tres puntos principales: combatir la nmigración ilegal, regular
la legal y armonizar el derecho de asilo.
Inmigración ilegal. La propuesta más
polémica era penar con la suspensión de la ayuda al
desarrollo a los países de origen que no colaborasen con
la UE para frenar las entradas clandestinas. La oposición
de Francia y Suecia obligó a abandonar esta medida. Se admitió,
en cambio, que el Consejo Europeo pueda decidir -por unanimidad-
que un país no colabora bastante y frenar la intensificación
de relaciones, pero no reducir la ayuda al desarrollo.
Tampoco se aprobó crear una policía
de fronteras comunitaria. Pero se adoptaron otras medidas para reforzar
la cooperación en la vigilancia de las fronteras exteriores:
un programa común de formación para los guardias fronterizos,
revisar antes de fin de año la lista de países a cuyos
nacionales se exige visado de entrada, un sistema común de
identificación de visados, elaborar un marco conjunto sobre
la represión penal del tráfico de personas.
Inmigración legal. No ha habido acuerdo sobre
la idea de fijar en común cupos de inmigrantes. Se decidió
que los futuros acuerdos de cooperación o asociación
con otros países incluyan una cláusula sobre gestión
conjunta de flujos migratorios.
Derecho de asilo. Se aprobó preparar para finales
de año el borrador de un programa para repatriar refugiados
que ya no tienen motivo para serlo, lo que afecta principalmente
a los afganos. También se acordó elaborar un marco
de normas comunes sobre requisitos para obtener el estatuto de refugiado
y para el reagrupamiento familiar; las propuestas deberán
estar antes de que termine 2003.
>Esta página es un resumen del servicio
distribuido a los suscriptores de Aceprensa. El debate sobre la
inmigración en la UE (y II): diversos países europeos
aprueban nuevas leyes de inmigración.
Ante la sensación popular de que la inmigración
no está siendo controlada, diversos países europeos
han revisado sus políticas de inmigración. Los cambios
legales van en la línea de reforzar la lucha contra la inmigración
ilegal; establecer contingentes de inmigrantes según las
necesidades económicas del país; endurecer el derecho
de asilo y el reagrupamiento familiar; y presionar a los recién
llegados para que aprendan la lengua y la cultura del país
de acogida.
26/6/2002.-
Austria: aprenda alemán, si quiere quedarse
Viena. Austria, centro antaño de un imperio multinacional,
va a dictar una nueva ley de extranjería que impone a los
inmigrantes un "contrato de integración", que les
obliga a aprender la lengua. La propuesta de ley aprobada por el
gobierno el 4 de junio establece que, para vivir y trabajar en Austria,
los extranjeros que hayan entrado en el país a partir de
1998 deberán aprobar previamente unos cursos de alemán:
al menos 100 horas, que deberá pagar el interesado, a diferencia
de otros países (Alemania, donde son 300 horas, Holanda,
donde son 600, o Suecia, donde son 525). Además, los trabajadores
extranjeros deberán esperar 5 años para traer a sus
familias a Austria, frente a los dos años hasta ahora. Quedan
excluidos de estas normas los ciudadanos de la Unión Europea
(UE) -que tienen derecho a la libre circulación-, los de
otros países que han suscrito acuerdos particulares, así
como los profesionales de alta cualificación que no vayan
a pasar en Austria más de dos años. La medida, que
tiene como fin evitar la entrada de "mano de obra barata",
ha sido criticada por la oposición de socialdemócratas
y verdes. Además de por esta ley, la inmigración viene
regulada con una cuota anual que establece el gobierno, y que para
2002 es de 8.280 nuevos trabajadores. En cambio, aumenta la cifra
de "inmigrantes cualificados", que es de 2.400. El número
de familiares de trabajadores extranjeros que adquieren permiso
para residir en Austria es también regulado por el gobierno,
y para 2002 se ha fijado en 5.490 personas. La cifra de trabajadores
temporeros se ha reducido de 15.000 en 2001 a 8.000. Esto es consecuencia
del aumento del número de parados en Austria, que superó
los 200.000 en mayo pasado, un 20% más que un año
antes.
Con todo, hay una diferencia esencial entre Austria
y Alemania, y es que mientras ésta trata de atraer a "inmigrantes
cualificados", Austria se resiste a aceptar que de hecho "es"
un país de inmigración: sobre 8,1 millones de habitantes,
el 9,1% no tiene nacionalidad austriaca, y los extracomunitarios
son el 7,7%. En Viena, los extranjeros son el 16% de la población.
La cifra de extranjeros ha aumentado un 41% en los últimos
10 años. El 45% procede de países de la ex Yugoslavia,
el 18% son turcos y el 15% ciudadanos de la UE (dos tercios de ellos,
alemanes). Si, además, se contara el número de ciudadanos
que no tienen el alemán como lengua materna (procedentes
de la emigración desde los antiguos países del imperio
Austro-Húngaro y desde Turquía en los últimos
decenios), el mosaico que compone la sociedad austriaca quedaría
aún más claro. Pero el gobierno democristiano-liberal
no quiere ver nada positivo en la emigración, y pone su esperanza
en relanzar la natalidad con el "Kindergeld" o subsidio
mensual de 450 euros que pueden recibir los padres (siempre y cuando
no sean extranjeros) durante 3 años por cada nuevo hijo…
En cuento a la inmigración ilegal, casi 49.000
extranjeros fueron detenidos en 2001 por entrar clandestinamente
en Austria, procedentes en su mayoría de Rumania, Afganistán,
Ucrania, Yugoslavia e Irak. Santiago Mata. Italia: entrada solo
con contrato de trabajo Roma. El Parlamento italiano ha aprobado
una reforma de la ley que regula el ingreso de inmigrantes procedentes
de países no pertenecientes a la UE. La novedad fundamental
con respecto a la ley vigente es que limita la concesión
del permiso de residencia (por dos años, renovable) a aquellos
extranjeros que tienen ya contrato de trabajo. Con este fin, las
embajadas y consulados italianos cubrirán algunas funciones
de "oficina de empleo". Al mismo tiempo, se endurecen
las sanciones a los empresarios que contratan mano de obra extranjera
sin permiso de residencia.
La nueva ley establece que cada año el primer
ministro tendrá la facultad de fijar, mediante decretos,
el cupo de inmigrantes que admite el país. Quedan sometidos
a regulación especial los deportistas y el personal sanitario
(del que hay déficit en Italia). Se facilita el ingreso de
los hijos a cargo de quien tiene ya trabajo, así como de
los padres, en caso de que superen los 65 años y no sean
autosuficientes. También está previsto regularizar
la situación de las empleadas domésticas (no más
de una por familia) y de las personas que cuidan a ancianos y enfermos
(es posible, según las circunstancias, contar con más
de una por familia). Aparte de las críticas motivadas por
la lucha política, lo cierto es que la ley presenta algunos
interrogantes. Por ejemplo, establece que quien se queda sin trabajo
dispone de seis meses para encontrar otro; de lo contrario no se
le renovará el permiso de residencia. Se trata de una medida
que puede dar lugar a abusos y, en todo caso, es contraria a la
tendencia -también patrocinada por el gobierno italiano de
centro derecha- de fomentar la flexibilidad laboral ante la mentalidad
de "puesto fijo vitalicio". En el telón de fondo
de las motivaciones de la ley está la lucha contra la inmigración
clandestina, las mafias que la alimentan y la criminalidad de la
que está acompañada. Se trata de un problema ante
el que la opinión pública está cada vez más
sensibilizada y que ha sido una de las batallas electorales de la
Liga Norte, uno de los partidos que integra la coalición
de gobierno. El texto final de la ley ha sido fruto del acuerdo
con los otros partidos, que defendían posturas menos radicales.
La ley, de todas formas, establece la expulsión de los inmigrantes
en situación irregular y la condena para los que vuelvan
a entrar una vez expulsados. Diego Contreras.
Alemania: bienvenidos los trabajadores cualificados
El presidente alemán Johannes Rau acaba de ratificar la nueva
ley de inmigración, que vincula la entrada de trabajadores
-sobre todo cualificados- a las necesidades de la economía,
y trata de asimilar mejor a los ya están en el país.
La ley estuvo frenada por la disputa sobre su mecanismo de aprobación,
y se ha convertido en un tema de primera línea en el debate
político cara a las elecciones parlamentarias del próximo
22 de septiembre.
En un país en el que viven 7,3 millones de
extranjeros (9% de la población total), de los cuales las
tres cuartas partes no son originarios de la UE, la novedad de esta
ley es regular la inmigración con relación a las necesidades
del mercado de trabajo. Aunque en Alemania hay casi cuatro millones
de parados, los representantes de la industria dicen que son necesarios
trabajadores extranjeros cualificados (ingenieros, informáticos,
investigadores, etc.). Para estos, habrá facilidades y el
permiso de residencia será ilimitado. En el caso de otros
trabajadores, el número y su cualificación serán
determinados cada año según las necesidades de la
economía. Los candidatos serán escogidos según
un sistema de puntos, que valorará la edad, la cualificación,
el conocimiento del idioma, la vinculación de su país
de origen con Alemania, etc.
La ley endurece las condiciones que permiten obtener
el asilo, invocado por muchos peticionarios que buscan más
mejorar su situación económica que huir de la persecución
por sus ideas (en 2000 hubo 80.000 peticiones de asilo). También
se reduce de 16 a 12 años la edad máxima de los hijos
que pueden entrar en el país para reunirse con sus padres.
Al mismo tiempo, presiona más a los inmigrantes para que
aprendan alemán y la cultura del país. Dinamarca será
menos acogedora
La tradicionalmente acogedora Dinamarca lo será
menos con la nueva ley de inmigración que entra en vigor
el 1 de julio y que se fija en tres puntos esenciales: hace más
difícil la reagrupación familiar, la obtención
de la nacionalidad danesa y del estatus de refugiado político.
En este país de 5,5 millones de habitantes, hay bastante
malestar con el aumento de refugiados políticos, y las medidas
aprobadas prevén reservar este status a los refugiados que
reúnan los requisitos previstos en las convenciones internacionales.
La reagrupación familiar solo se concederá
a las personas que acrediten que pueden subvenir a las necesidades
del recién llegado y dispongan de una vivienda suficiente.
La ley fija en 24 años -también para los daneses-
la edad mínima para el matrimonio con un extranjero que desee
venir a instalarse en el país.
El plazo para obtener el permiso de residencia permanente
se amplía de tres a siete años, y será preciso
pasar un examen sobre la lengua, la historia y la cultura del reino.
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