ACODI | Inicio

El desarrollo del debido proceso, como garantía procesal, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional

"El hombre es el protagonista del delito, pero porque haya violado la ley, no pierde sus derechos, tampoco pierde su dignidad” [1]

Con la creación de la Corte Penal Internacional, como nuevo órgano internacional, independiente e imparcial, tanto el Derecho Internacional Público, como la humanidad en general, han logrado desarrollar uno de los mecanismos más importantes para erradicar la arbitrariedad y el irrespeto a los Derechos Humanos.

En este sentido, todas las naciones, que consideran la protección de los Derechos Humanos como el norte por seguir para alcanzar el mayor desarrollo posible, deben unir sus esfuerzos con el fin de fortalecer, al máximo, las potestades conferidas a este nuevo órgano jurídico.

El presente trabajo pretende analizar uno de los conceptos jurídicos de mayor relevancia, para la instrumentalización de la justicia, establecidos en el Estatuto De la Corte Internacional de Justicia. Nos referimos al concepto del “debido proceso”.

El desarrollo del tema estará dividido en dos secciones: una primera, de carácter general, que comprende la definición del concepto “debido proceso” y , una segunda, en la que se analizará su aplicación dentro de la normativa internacional , específicamente, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, creado en la Conferencia de las Naciones Unidas número 183/9 celebrada el 17 de julio de 1998.

Se trata de un concepto normativo que se ha integrado históricamente a través del proceso de evolución del Estado de Derecho. En su formación han confluido factores de tipo cultural, social y político. La fórmula “debido proceso legal” obliga a remitirse a la expresión que utiliza la Constitución de los Estados Unidos de América “due process of law” [2] , que puede traducirse como “debidas formas legales”.

Sobre el término debido proceso se presentan diversas opiniones en la doctrina; no hay una definición única acerca de él.

Altamira lo traduce como “debido procedimiento legal”; Pérez Serrano y González Posada como “debida formación de causa”; Llorens como “debidos requisitos jurídicos”. [3]

Señala Linares que : “ Con la fórmula “debido proceso legal” (lato sensu) nos referimos a ese conjunto no sólo de procedimientos legislativos, judiciales y administrativos que deben jurídicamente cumplirse para que la libertad individual sea formalmente válida (aspecto adjetivo del debido proceso), sino también para que se consagre una debida justicia en cuanto no lesione indebidamente cierta dosis de libertad jurídica presupuesta como intangible para el individuo en el Estado de que se trate (aspecto subjetivo) “ . [4]

Ricardo Levene señala que: ”...el debido proceso no solamente es aquel que nos da las grandes líneas o principios a los que se somete un proceso penal como corresponde, sino también que es aquel que contiene todas las prevenciones necesarias para evitar que la autoridad afecte o lesione la libertad, la propiedad, en general los derechos individuales” [5]

El término “proceso” se entiende como la ejecución de un conjunto ordenado de actos debidamente reglados, en virtud de los cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley al caso concreto. [6]

Para que se trate de un debido proceso debe garantizársele al ciudadano la vigencia y el respeto de sus derechos fundamentales. [7]

En este sentido ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica que: “...el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano., es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia”. [8] Igualmente ha indicado, el mencionado tribunal de justicia, que la fórmula “debido proceso” se refiere a: "una garantía de toda una serie de derechos y principios tendientes a proteger a la persona humana frente al silencio, al error o a la arbitrariedad, y no sólo de parte de los aplicadores del derecho, sino también del propio legislador.” [9]

Alvarado Velloso [10] señala que debido proceso es: “sólo aquel que se adecua plenamente con el simple concepto de proceso“ [11] , es decir, que se puede instrumentar a partir de la acepción del sistema dispositivo o acusatorio con los principios esenciales que se han de tener en cuenta como puntos de partida para lograr la coherencia interna que todo sistema requiere para su existencia como tal; que el debido proceso, “no es más ni menos que el proceso (lógicamente concebido) que respeta los principios que van ínsitos en el sistema establecido desde el propio texto constitucional.” [12]

2. Principios que conforman el debido proceso y su incorporación en la normativa jurídica de la Corte Penal Internacional.

El concepto de debido proceso no se limita a la existencia de un proceso tramitado de acuerdo con ciertas formalidades; requiere del concurso de ciertos principios que le den un carácter de seguridad y justicia. Estos principios conforman el sustrato, la base, los presupuestos indispensables para la tramitación de un debido proceso.

Son, en esencia, los requisitos fundamentales para el proceso dirigidos a protegerlo, no sólo en su aspecto formal o adjetivo, sino que también atienden a la realización y aplicación de un derecho justo, aspecto sustantivo de un debido proceso.

Como lo señalamos al inicio del desarrollo del tema en estudio, el concepto de debido proceso y los principios que lo conforman, no son un tema en el cual la doctrina presente una postura pacífica; por el contrario, cada autor, por lo general, concibe que son ciertos principios los que integran al concepto.

Con vista en esta realidad, hemos optado, para analizar la composición del debido proceso, por la clasificación que utiliza uno de los grandes procesalistas costarricenses, el Dr. José María Tijerino.

Señala el autor mencionado que el principio del debido proceso está conformado por 4 subprincipios : a) Imparcialidad del juez, b) Igualdad de las partes , c) Economía procesal y d) Lealtad procesal. [13] Algunos de estos subprincipios se dividen, a su vez, en varios componentes.

Debemos señalar que el principio del debido proceso lo encontramos contemplado, a nivel internacional, en diversas normas jurídicas, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Artículo 8, párrafo 1 o, en la Convención Europea de Derechos Humanos, en el Artículo 5, párrafo 1. [14]

De igual forma observamos este principio contemplado en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional en su Artículo 55, Sección D). [15]

A continuación nos dispondremos a desarrollar cada uno de los subprincipios que conforman al debido proceso y a observar si los mismos se encuentran contemplados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Para Alvarado Velloso, la imparcialidad del juzgador es de suma importancia pues define la calidad y carácter de la autoridad encargada de sentenciar. [16] Dentro de un derecho procesal penal, basado en el sistema acusatorio, el juez cumplirá la función de decidir la resolución del conflicto; por lo cual, debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio.

Este principio se encuentra estipulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su Artículo 41, Inciso 2, Sección A). [17]

Un juez para ser imparcial, debe: a) tener independencia y b) estar predeterminado legalmente. [18]

La independencia del juez debe ser tomada, no desde un punto de vista subjetivo o personal, sino desde una perspectiva objetiva o institucional, es decir, el juez debe ser independiente hacia lo externo (frente a los otros poderes del Estado, a los políticos, a las grandes fuerzas económicas) y hacia lo interno (frente a las estructuras jerárquicas del mismo Poder Judicial).

Este subprincipio, integrante del principio de imparcialidad del juzgador, se encuentra, expresamente estipulado, en el Artículo 40 del Estatuto. [19]

Este subprincipio prohíbe aquellos tribunales, comisiones o jueces extraordinarios, también llamados ex post facto, creados para juzgar un hecho en particular o a una persona determinada. En caso que se violentara el principio, la consecuencia sería la nulidad absoluta o inexistencia del proceso.

El subprincipio se encuentra desarrollado en los Artículos 1, 4 y 5 del Estatuto, al establecer la existencia legal de la Corte, como organismo con competencias exclusivas y excluyentes, por la materia, de otros tribunales internacionales. [20]

El principio de igualdad de las partes viene a determinar que ambas, en un proceso, deben tener idénticas oportunidades de ser oídas y admitida la contestación de una a lo afirmado por la otra, como mecanismo para buscar la verdad. El juez, al sentenciar, conoce los argumentos de ambas partes.

El principio se formula y resume por medio del precepto: “audiatur altera pars” (óigase a la otra parte) .

Jiménez Asenjo [21] indica que este principio determina que ambas partes, acusador y acusado, deben estar situadas en un mismo plano procesal de derechos y deberes, a fin de que la justicia no resulte menoscabada.

El desarrollo de este apartado se encuentra contemplado por el Artículo 67, Inciso 1 del Estatuto. [22]

De este subprincipio, de acuerdo con la clasificación seguida, se desprenden dos más: el de defensa y el de contradicción o audiencia. [23]

En el caso del principio de defensa se ha dicho que fue una garantía que surgió a partir de la superación de la etapa de la venganza privada. Este principio se puede resumir en el reconocimiento del derecho del imputado de tener las mayores facilidades posibles para poder plantear su defensa. Su desarrollo, en todos sus aspectos y consecuencias, se encuentra establecido en el Artículo 67 del Estatuto de Roma [24]

Este principio, conocido también como “contradictorio”, lo que busca es proporcionar una adecuada oportunidad a las partes para defenderse. De ese modo, si se acusa, se deben tener pruebas que sostengan la afirmación; “acuso porque puedo probar, porque si no puedo probar no puedo acusar”. [25]

La audiencia es de suma importancia para cumplir con el debido proceso; es el medio idóneo para llegar a la verdad real pues, los elementos de prueba básicos, para dictar sentencia, son obtenidos a través de ésta.

Sin este principio no es posible el proceso pues, su no vigencia, significaría que las partes, o alguna de ellas, podrían estar ausentes en el debate en donde sus intereses están en juego y, por ende, quedarían indefensos, o podrían, aunque presentes, carecer de facultades para intervenir eficazmente en la defensa de sus intereses, postulando sus pretensiones y contradiciendo las de su adversario. El proceso, por lo tanto, se desarrolla mediante el sistema de la contradicción.

Puede encontrarse desarrollado este principio en el artículo 67 del Estatuto de Roma. [26]

El principio de economía procesal, o de concentración [27] , tiende al establecimiento de medidas para acelerar el proceso; concentra sus actividades en un espacio de tiempo lo más corto posible y reúne, en la menor cantidad posible de tratamiento, todo el contenido del proceso.

Su regulación se encuentra establecida en el Artículo 64 del Estatuto de Roma. [28]

El subprincipio de celeridad lo encontramos estipulado en el Artículo 64 del Estatuto de Roma. [30]

Este principio proclama, en general, el deber de no utilizar el proceso o los medios y recursos legales sino, de conformidad, con los fines lícitos para los cuales se instituyeron. Igualmente busca imponer esa conducta de alguna manera, sea directa o indirectamente y, sancionar la contraria a dichas reglas. El proceso debe ser utilizado como un instrumento para la defensa de los derechos, no para perjudicar u ocultar la verdad y dificultar la recta aplicación del derecho. [31]

Un ejemplo de la aplicación de este principio, a la práctica forense, se encuentra establecido en el Artículo 63 del Estatuto de Roma, al indicarse la posibilidad de los jueces de solicitar el retiro del acusado que, durante la audiencia, abuse de su derecho de defensa en perjuicio del proceso. [32]

Las normas procesales de naturaleza penal están íntimamente ligadas a la persona humana. Al observarse este vínculo, por lo tanto, debemos señalar que el proceso, para que sea “debido proceso”, “proceso justo” , o “en estricta conformidad con las leyes”, debe seguir ciertos patrones: respetar la dignidad humana, estar adecuado a las exigencias de la vida moderna y lograr acercar el proceso al ser humano.

A partir del análisis desarrollado podemos indicar que, para alegría de quienes consideran que la protección de los Derechos Humanos consiste en el camino a seguir por toda nación democrática, la normativa internacional que da origen a la Corte Penal Internacional se encuentra ampliamente influenciada por la idea que indica que el ser humano debe ser el centro primordial de atención, si queremos señalar con el nombre de “debido proceso” a cualquier proceso penal que se lleve a cabo. [33]

1. ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El debido proceso, en la obra colectiva Justicia y sociedad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. Material poligrafíado.

2. ANTILLON MONTEALEGRE, Walter. Antología de Derecho Procesal, Costa Rica, Universidad de Costa Rica.

3. ANTILLON MONTEALEGRE, Walter. Síntesis de Derecho Procesal, Costa Rica, Universidad de Costa Rica.

4. ARGUEDAS SALAZAR, Olman. Principios del Derecho Procesal Civil, Revista Judicial, número 18, año V, diciembre de 1980, Costa Rica, Corte Suprema de Justicia.

5. ESPARZA, LEIBAR. Iñaki. Debido Proceso. El principio del debido proceso. Barcelona, Bosch, 1995.

6. JIMENEZ ASENJO, Enrique. Derecho Penal. Volumen I. Madrid. Editorial Revista de Derecho. Privado.

7. LEVENE, Ricardo (hijo). El debido proceso legal, en El debido proceso penal y otros temas. San José de Costa Rica , ILANUD y Corte Suprema de Justicia . 1981.

8. LINARES, Juan Francisco. Razonabilidad de las leyes; el debido proceso como garantía innominada en la Constitución Argentina. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1989.

9. MARTINEZ, RINCONES, J.F. El proceso penal y la persona humana. Revista de Ciencias Penales, año 5, número 8, Costa Rica. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica.

10. ROMERO, PEREZ, Jorge Enrique. El debido proceso: una garantía constitucional. Revista de Ciencias Jurídicas número 61, setiembre-diciembre 1988. Costa Rica. Colegio de Abogados.

11. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Consulta Judicial Preceptiva de Constitucionalidad (expediente número 1587-90), de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos

12. SALAZAR, BONILLA, Ana Isabel. El debido proceso, su tutela constitucional. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho. Tesis 1996-B. Costa Rica. 1988

14. VESCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso. Bogotá, Editorial TEMIS. 1984.

[1] MARTINEZ, RINCONES J. F. “El proceso penal y la persona humana”. Revista de Ciencias Penales, año 5, número 8, Costa Rica. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. p 24.

[2] CLARKE ADAMS, John. Debido Proceso. En la obra Antología de Derecho Procesal de ANTILLON MONTEALEGRE, Walter. Costa Rica, Universidad de Costa Rica. p. 228.

[3] LINARES, Juan Francisco. Razonabilidad de las leyes; el debido proceso como garantía innominada en la Constitución Argentina. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1989. p 11.

[4] Ibid. p11-2.

[5] LEVENE, Ricardo (hijo). El debido proceso legal, en El debido proceso penal y otros temas. San José de Costa Rica , ILANUD y Corte Suprema de Justicia . 1981. p 15.

[6] SALAZAR, BONILLA, Ana Isabel. El debido proceso, su tutela constitucional. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho. Tesis 1996-B. Costa Rica. 1988. p. 111

[7] Ibid. p I.

[8] SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Consulta Judicial Preceptiva de Constitucionalidad (expediente número 1587-90), de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.

[9] Ibid.

[10] ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El debido proceso, en la obra colectiva Justicia y sociedad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. Material poligrafiado. p 1.

[11] Ibid, p 13.

[12] ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Op cit. p.13

[13] TIJERINO PACHECO, José María. Apuntes y material de clase. 1997.

[14] CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “ARTÍCULO 8, PÁRRAFO 1: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS: “ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 1: “Toda persona tiene el derecho a la libertad personal y a su seguridad. Nadie podrá ser desprovisto de su libertad, salvo en los siguientes casos, sin el correspondiente procedimiento prescrito por la ley...”

[15] ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. “ARTÍCULO 55...d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.”

[16] ALVARADO VELLOSO, (Adolfo). Op cit. p 13.

[17] . ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. “ARTÍCULO 41...a) Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad.

La obligación de mantener la imparcialidad cuando se está resolviendo un asunto, puesto en conocimiento de la Corte, se encuentra contemplada también en el Artículo 45, que indica: “PROMESA SOLEMNE.- Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto, los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto declararán solemnemente y en sesión pública que ejercerán sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.”

[18] ALVARADO VELLOSO,(Adolfo). Op cit. p.13

[19] ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. “ARTÍCULO 40.- INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS.- 1.Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones. 2. Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia. 3. Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.

[20] ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. “ARTÍCULO 1. LA CORTE.- Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte").

La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto”.

ARTICULO 4.- CONDICIÓN JURÍDICA Y ATRIBUCIONES DE LA CORTE 1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos. 2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

ARTICULO 5.- CRÍMENES DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE.- 1.La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión...”

[21] JIMENEZ ASENJO, Enrique. Derecho Penal. Volumen I, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado. p 103.

[22] ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.”ARTÍCULO 67. DERECHOS DEL ACUSADO. 1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamente...”

[23] TIJERINO PACHECO, José María. Apuntes y material de clase. 1997.

[24] ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”ARTÍCULO 67. DERECHOS DEL ACUSADO. 1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a....a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección...d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto; f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no habla...”

[25] LEVENE, Ricardo (hijo). Op cit. p.30.

[26] ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”ARTÍCULO 67. DERECHOS DEL ACUSADO. 1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a una audiencia justa e imparcial, así como a las siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad...”

[27] ARGUEDAS SALAZAR, Olman. Principios del Derecho Procesal Civil, Revista Judicial, número 18, año V, diciembre de 1980, Costa Rica.

[28] ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”ARTÍCULO 64.-Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia... 2. La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y expedito...”

[29] TIJERINO PACHECO, José María. Apuntes y material de clase. 1997.

[31] ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”ARTÍCULO 64.-Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia... 2. La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea... expedito...”

[32] ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”ARTÍCULO 63.-... 2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de ella y observe el proceso y dé instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación. Esas medidas se adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales, después de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario. “

[33] MARTINEZ, RINCONES J. F. El proceso penal y la persona humana. Revista de Ciencias Penales, año 5, número 8, Costa Rica. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. p 25.

VI Edición